La basura, negocio y poder político del Secretario de Gobierno y la red de morelenses

En Tlaxcala, el manejo de residuos sólidos dejó de ser solo un problema ambiental para convertirse en un negocio millonario donde el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, tiene un papel clave.

Y es que desde 2022, Ramírez estaba al tanto de las irregularidades en la reconversión de rellenos sanitarios, incluso tras una contingencia ambiental por manejo inadecuado de desechos, pero el gobierno minimizó el problema.

Además, con la nueva Ley de Residuos Sólidos de 2023, se estableció que los municipios deben contratar empresas privadas para operar centros de transferencia, un esquema que mueve más de 6 mil millones de pesos, y muchos de esos contratos estarían en manos de operadores cercanos a Ramírez.

De esta manera y derivad de esas y otras irregularidades, en febrero de 2025, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado fue multada por la Profepa por 15 millones 839,600 pesos de acuerdo a la sentencia PFPA 007 2500 36, los contratos siguieron firmándose, sin que se aclare quiénes son los verdaderos beneficiados.

El caso evidencia que el problema no es solo la basura, sino el control político de Ramírez Hernández quien habría convertido el sistema de residuos en una herramienta para consolidar su red de poder y su influencia en los municipios.