La diputada Guillermina Loaiza Cortero, pronunció su voto a favor de la reforma constitucional que avalan suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a agresores sexuales, deudores alimentarios o quienes hayan cometido algún tipo de violencia contra mujeres. Con lo anterior se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, remitida por el Senado de la República. En la máxima tribuna tlaxcalteca se reconoció que “Existe una obligación estatal para reforzar la legislación, en el sentido de quienes ocupen cargos públicos en cualquiera de los poderes u órganos estatales, no cuenten con antecedentes de violencia o como deudores alimentarios morosos”. De esta manera los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden cuando sean prófugos de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden cuando sean prófugos de la justicia.