La recomendación general emitida el pasado viernes por los hechos de la marcha feminista del 8 de marzo de 2022, “no es a modo ni es tardía”, sostuvo la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), Jakeline Ordóñez Brasdefer. Defendió que durante ese año se hicieron trabajos de capacitación y sensibilización a elementos policiacos estatales en materia de protección de derechos humanos y en perspectiva de género, para prevenir en el futuro la violación de dichas garantías. Se trató de la recomendación 01/2023 dirigida a los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Secretaría de Gobierno, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), por la violación de derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad personal y al acceso a la justicia, después de la manifestación de grupos de mujeres, activistas, colectivos y organizaciones, con el fin de mostrar públicamente su opinión contra cualquier tipo de violencia hacia ellas. En el mismo orden de ideas, la Ombudsperson aseveró que la recomendación se emitió con base en las evidencias que se recogieron de los hechos, de los informes solicitados a las instituciones involucradas y de testimonios de víctimas y testigos, por lo que “no fue un año perdido”. Recordó que la CEDHT abrió el expediente de queja por oficio y solo dos víctimas promovieron quejas formales, mientras que otras decidieron no proceder, con lo que se dio desarrollo a la investigación.

Recordó que la CEDHT abrió el expediente de queja por oficio y solo dos víctimas promovieron quejas formales, mientras que otras decidieron no proceder, con lo que se dio desarrollo a la investigación.