Familiares y amigos de diputados salientes fueron acomodados de última hora con una plaza en el sindicato 7 de mayo para laborar en el Congreso, la actual legislatura no lo aceptará.

La destitución de las 34 plazas abiertas de última hora por los diputados de la pasada legislatura es un hecho. En palabras de Manuel Cambrón, ya se trabaja para revocar conforme a la ley los contratos realizados a través del sindicato 7 de mayo, para no realizar atropellos a los derechos humanos los afectados.

El diputado perredista indicó que la decisión se tomó en el seno de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) por considerarse "éticamente insostenibles, pues no es correcto que familiares de los diputados ocupen esas plazas y porque estas colapsarían las finanzas del Congreso".

Como ejemplo de los onerosos salarios que fueron asignados a las bases en cuestión, el diputado del sol naciente indicó que tan solo culminar el ejercicio 2021 le costaría a la LXIV legislatura, un aproximado de 7 millones de pesos, pues las cuotas mensuales oscilan entre los 14 y los 80 mil pesos para cada uno de los 34 beneficiados.

Para actuar de acuerdo a un marco legal, indicó que se hará una liquidación de acuerdo a lo establecido: "Lo que la dirección jurídica nos ha planteado es que las plazas no cuentan con la antigüedad suficiente para ser sostenidas, Requieren una antigüedad de seis meses y la que más tiempo lleva es de tres meses", afirmó el diputado Cambrón, por lo que garantizó que no se generarán otros inconvenientes derivados de estas acciones.

De esta forma, antes de concluir los seis meses de antigüedad las 34 bases otorgadas serían canceladas por la actual legislatura, librando al presupuesto del congreso de una carga heredada por los diputados salientes.