Cómo “desalentador” fue calificado el resultado de la auditoría jurídica realizada a de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Tlaxcala por parte de una Consultora externa y especializada en la materia.

Durante una sesión pública del Consejo Consultivo realizada este miércoles, la ombudsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer y Marco Sedio Santillán, representante del Despacho de Consultoría Legal y Capacitación en Derechos Fundamentales, revelaron las irregularidades detectadas durante la administración de Víctor Manuel Cid del Prado Pineda.

Destacan, el incumplimiento a principios de inmediatez, rezago en la substanciación de quejas del 2016 a 2018 lo que dejó un acumulado de más de 300 expedientes sin resolver, inadecuados procesos de conciliación, no se cumplieron plazos para emitir resoluciones.

Además de que, varios trabajadores de las Visitadurías y en el Centro de Investigación y Capacitación no contaban con el perfil idóneo para desempeñar sus cargos.

Ante ciudadanos, representantes de organizaciones civiles y medios de comunicación, Ordóñez Brasdefer también dio a conocer que al detectarse dichas anomalías administrativas, 18 personas presentaron su renuncia de manera voluntaria.

Por todo lo anterior, el auditor emitió diez  recomendaciones para que la CEDH pueda reestructurarse y así se optimicen los servicios que brinda a la ciudadanía tlaxcalteca.