Un grupo de profesores del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), despedidos injustificadamente desde el año 2011, como represalia política y a mandato expreso del entonces gobernador Mariano González Zarur y de la secretaria de Gobierno, Anabell Ávalos Zempoalteca, ha hecho llegar a este diario una copia del escrito dirigido a las instancias pertinentes de gobierno federal para que se dé una solución a su problema dentro del marco de la legalidad mexicana.

Este movimiento atraerá la mirada de los órganos fiscalizadores a las cuentas públicas del estado, que en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) muestra lujo en vehículos, comisiones extraordinarias y salarios jugosos para funcionarios del partido, pero para trabajadores de carrera en la educación, como en este caso, simplemente les da un "no hay recursos".

Los suscribientes: Daniela Gómez, Erika Blanco, Rocío Gutiérrez, Edith Alejandra Segura, Porfirio Padilla, Eric Juárez, Victor Hugo Vidal, Favian Morales y José Ángel Rodríguez se han manifestado directamente ante el actual gobierno estatal para que se transparenten las cuentas, pues a través del Jurídico Cobat, Alejandro García Vallejo, y a pesar del haber ganado la demanda interpuesta para ser reintegrados a su trabajo, les ofrecen únicamente el pago del 30 por ciento de los laudos, alegando insuficiencia en las arcas de esta institución. Aunado a ello, les han pedido un 10 por ciento de "moche" para hacer efectivo el trámite.

Lo anterior es plenamente conocido por el director general del Cobat, Victorino Vergara Castillo, quien ha optado por prolongar los conflictos laborales y llevar a cabo nuevas contrataciones para beneficiar a sus amigas y uno que otro recomendado.

Es por ello que han solicitado ya a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), a través del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) realice una auditoría a las cuentas del públicas del Estado de Tlaxcala con especial atención a los recursos destinados al Cobat para que se justifique entonces a nivel federal en qué se están gastando los recursos que deberían estar dedicados al resarcimiento de sus derechos.

De igual forma, ha solicitado el apoyo de las instituciones de seguridad Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Ejército Mexicano para que se garantice el cumplimiento de su derecho a manifestarse, acción que realizarán en los siguientes días en las calles del estado para hacer una demostración pública de las consecuencias que viven por la injusticia con la que el gobierno priísta en el estado les ha arrebatado sus puestos de trabajo.