Ante la difícil remontada que tiene que hacer para meterse a la pelea por la gubernatura, la candidata de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca sigue sumando organizaciones y personajes controvertidos que lejos de sumarle, evidencian la corrupción y los privilegios de lo más arcaico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en este caso a Antorcha Campesina.

A través de un comunicado la candidata marianista, presumió que Antorcha Campesina se suma a su proyecto, siendo una organización cuestionada y en la que los líderes son millonarios que se han hecho de sus fortunas al amparo del dinero público que sería producto del chantaje, la extorsión y los malos gobiernos.

Esta agrupación tiene 44 años de existencia y hay indicios de que manejan dinero mal habido, al grado de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya los investiga por movimientos irregulares en las cuentas de los líderes, situación por la que congelaron sus cuentas y podría derivar esto en una acción de carácter penal en contra de los dirigentes.

Esto no le importó a la abanderada priísta y los sumó con el compromiso de que en su gobierno, podrán continuar con las fechorías que colocan a esta organización como una de las más controvertidas en el país, ya que su líder principal incluso ha sido señalado de enriquecimiento ilícito y de tener una vida de millonario.

Hasta el momento se bloquearon las cuentas bancarias del dirigente de Antorcha Campesina en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, de su esposa y tres empresas que habría utilizado para dispersar recursos ilícitos; así como de integrantes de la misma organización en el Estado de México.

El monto es de más de 2 mil 800 millones de pesos. Entre 2010 y 2020, la directiva recibió 658 mdp en efectivo. Además, entre 2014 y 2019 recibió transferencias interbancarias por 128 mdp, principalmente de sujetos relacionados al sector de la construcción. Y simultáneamente se enviaron transferencias bancarias por 18 millones de pesos, de ellos 3.6 millones llegaron a tres empresas fachada.

En Tlaxcala, el representante de Antorcha Campesina, José Orlando Isidro Ramos, aseguró que el gobierno federal ha emprendido una persecución política imparable. Por lo pronto, la UIF detalló que en Puebla se bloquearon las cuentas del líder de la organización política, de su esposa y tres empresas que eran utilizadas para distribuir los recursos obtenidos de manera ilícita por la organización. También se retuvieron las cuentas de integrantes en el Estado de México, se bloquearon los saldos de la dirigencia y de personas físicas y empresas vinculadas con la organización.

Según la UIF, la dirigencia cuenta con 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos. Agrega que la organización sostuvo su estructura financiera mediante una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria. El movimiento se autodenomina “la organización de los pobres en México”.

A finales del año pasado exigían 3800 millones de pesos del presupuesto de este año para 1500 obras de infraestructura que se harían en los territorios de Puebla y Estado de México, donde mantienen un auge entre simpatizantes. Sin embargo, las obras que llevan a cabo, supuestamente para apoyar a comunidades de escasos recursos, son deficientes o nunca se llevaron a cabo. En los inmuebles que construyen para supuesta ayuda a las comunidades necesitadas, cobran por su uso a las personas de escasos recursos, datos revelados por el portal ExpressZacatecas.