A tres días de campaña, en pleno proceso electoral, Lorena Cuéllar le debe una explicación a los electores y a sus simpatizantes pues en estos tiempos, cuando la salud, el combate a la corrupción y la erradicación de la violencia en contra de las mujeres son temas primordiales, la candidata de la alianza Juntos Haremos Historia no ha hecho pública su declaración patrimonial, tampoco la fiscal y, obviamente, sigue sin presentar la referente a su posible conflicto de intereses, lo que da muestra del poco compromiso que tiene con la transparencia y con el combate a la corrupción.

Pero no sólo eso, tampoco ha presentado su 3 de 3 contra la violencia, quizás porque sabe que el pasado la persigue y porque está consciente de que en este tema no está limpia, lo que pone en verdadero riesgo su candidatura, pues como se recordará, apenas el pasado 31 de marzo, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó cancelar el registro de las y los candidatos, cuya información en el formato ‘3 de 3 contra la violencia’ sea falsa o no sea presentada.

Al interior del situation room de Cuéllar Cisneros, no saben cómo hacerle para obtener su constancia de no antecedentes penales, sobre todo cuando se sabe que las Cuéllar Cisneros cargan con sendas denuncias por despojo de bienes que interaron hacer en contra de su sobrina Ilenia Montiel, hija de su finada hermana Aimeé, para agandallarse la herencia de la abuelita.

La preocupación al interior del equipo de Lorena Cuéllar no es para menos, pues de acuerdo a lo publicado por el INE, las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y No Discriminación y de Prerrogativas y Partidos Políticos, el pasado miércoles aprobaron integrar un grupo interdisciplinario "con la finalidad de verificar que los aspirantes a puestos de elección popular no hayan sido personas condenadas o sancionadas por casos de violencia familiar y/o doméstica, agresiones de género, delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, o sean deudores o morosos alimentarios".

En este sentido, el formato tres de tres contra violencia, exigido por las autoridades electorales, impactaría directamente en el actuar de la candidata, pues no hay que olvidar que en el 2016 las hermanas Cuéllar, comandadas por Lorena, actuaron alevosamente en contra de la entonces menor de edad, quien ante la orfandad se quedó sin pensión alimenticia, al parecer, sufrió además de abuso sexual y psicológico, según su propio decir, y también fue recluida en no menos de una vez, en contra de su voluntad, en “separos” donde habría recibido trato inhumano, y un examen antidoping negativo.

No menos importante es que en pleno proceso electoral para la gubernatura del estado, a tres días de haber iniciado su camino a una inminente derrota, debido a sus yerros y exceso de confianza, la candidata de MORENA, Lorena Cuéllar, no ha presentado públicamente su declaración patrimonial, fiscal y la de conflicto de intereses.

Esto a pesar de que, de acuerdo con el Art. 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y al marco legal vigente, es una obligación que los servidores públicos y exigible, que los declarantes presenten sus cuentas claras.

El actuar de la candidata resulta toda una expectativa para el electorado y para la opinión pública, pues ahora que nuevamente aspira a gobernar a los tlaxcaltecas debe explicar cómo le hace para llevar en el refinado Fraccionamiento de Santa Elena una vida en medio de la austeridad republicana, principal arenga del partido que hoy abandera.

Cuéllar Cisneros debe dejar claro cuáles fueron los ingresos que obtuvo como Super Delegada del Bienestar, luego de que ostentó este puesto en los últimos meses de su vida laboral.

Pero no sólo eso, también debe dar a conocer, de una buena vez por todas, de qué vive su cónyuge Salvador Ballesteros Rodríguez y cuál es el patrimonio de este, pues desde su llegada a la vida de la candidata, nunca se le ha conocido trabajo u oficio alguno, más allá de ser damo de compañía, chofer y despachar en las diferentes oficinas ocupadas por la aspirante a gobernadora.

Los tlaxcaltecas tienen derecho a conocer cuál es la riqueza de Lorena Cuéllar, incluyendo el precio real de las escrituras de sus propiedades, así como los contratos, rentas, tarjetas de crédito, sociedades mercantiles a las que pertenece o las ganancias que le han dejado los traspasos de gasolineras.

Asimismo, debe dar cuenta de sus referencias bancarias, de las facturas de sus vehículos, así como de sus joyas, bienes inmuebles, inversiones y donaciones a la FUDESTAC, su conocida fundación.

Pero además, de una vez por todas debe aclarar en que consistió la herencia de su abuelita, y cómo es que paga sus ostentosos viajes realizados por aire y cruceros, a cuánto equivalen sus colecciones de arte, su guarda ropa de diseñador, su fina colección de bolsos de mano y mascadas Louis Vuitton, y ya entrado en gastos, cuánto obtiene por su participación en fideicomisos, y que valor tiene el menaje, con refinados diseños, de los interiores de todas sus casas, incluyendo la platería, la porcelanas y el cristal cortado de sus comedores, entre otros. 

Los ciudadanos no pueden pedir menos de quien habla de combatir de la corrupción y de quien asegura que no se va a servir del poder, que ni se le ocurra pretender engatusar nuevamente al pueblo, presentando su fortuna quitándole dos ceros, tal y como lo hizo en la elección pasada, la cual ella misma perdió por sus mentiras y su timorata actuación.

Sobre el posible conflicto de intereses, que es la afectación del desempeño imparcial de las funciones de los negocios familiares, debería explicar el papel que juegan en sus negocios y en la fundación sus hijas y sus esposos, sus hermanas y sus ex parejas sentimentales, así como su tío Joaquín.

Pero además, Lorena Cuéllar debe transparentar cuál es su estado su salud, incluyendo los resultados que arroje el someterse a un examen antidopaje, del cual seguramente no tendrá resultados negativos, pero este tema amerita una próxima entrega, sobre todo cuando hay toda una historia que persigue a la candidata por su afición a los antidepresivos, a los ansiolíticos y a los supresores del apetito.