Por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE), aprobaron un acuerdo mediante el cual determinaron que a partir el uno de marzo, las actividades y servicios en los órganos jurisdiccionales en todas las materias, el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) y sus centros regionales, los órganos de investigación y substanciación de expedientes de presunta responsabilidad administrativa, así como las áreas administrativas retornan a sus actividades en su totalidad.

No obstante, se establecieron una serie de restricciones y modalidades a las que justiciables, profesionales del derecho y servidores públicos se deberán acatar, entre ellos, el irrestricto apego al “Protocolo que Establece las Medidas de Seguridad Sanitaria...”, así como los “Lineamientos para la Reanudación y Reincorporación a las Actividades Jurisdiccionales…”.

Así lo informó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del CJE, Fernando Bernal Salazar, quien indicó que entre otras acciones, se restringirá el libre acceso de usuarios a las áreas interiores de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, atendiendo a las condiciones propias de la infraestructura de cada área, además de que el titular establecerá las modalidades para el ingreso, incluso podrá restringirlo a quienes no cumplan con el Protocolo respectivo.

Manifestó que el acceso será controlado en las oficialías de partes, diligenciarías y secretarías de acuerdos, toda vez que el funcionario judicial solo podrá atender a una persona por asunto tanto para las promociones, la consulta de libros y expedientes, así como la notificación, además de que no podrá tener a usuarios en espera dentro del área.

La consulta de expedientes se hará en un área exterior a la vista de las oficialías evitando en todo momento la aglomeración; el ingreso a las áreas jurisdiccionales y administrativas será por turno, incluso se podrán cerrar; las diligencias que deban celebrarse fuera de las oficinas serán con observancia estricta de las medidas de seguridad y de no contar con éstas, podrán ser suspendidas; no podrán desarrollarse dos o más diligencias simultáneas.

Agregó que, en el caso de las audiencias bajo el principio de oralidad, se deberán acatar todas las medidas de salud y de no existir, se podrán cancelar o reprogramar; en todos los casos se estableció que las medidas son temporales y podrán ser modificadas, actualizadas o suspendidas por el Consejo de la Judicatura con base a las disposiciones que emita el Consejo General de Salubridad.