Ciudad de México, a 05 de junio de 2019 .- Con el objetivo de presentar el diagnóstico sobre la violencia feminicida en México y diseñar una metodología que sirva para la revisión de los casos de homicidios dolosos y feminicidios, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República llevaron a cabo el Taller Nacional de “Acceso a la Justicia para las Mujeres y las Niñas en Casos de Muertes Violentas”. 

En la inauguración, Nadine Gasman, presidenta del INMUJERES expresó: “estamos ante el reto de homologar los conceptos, la tipificación y la técnica jurídica para sancionar adecuadamente los delitos de género, en el marco jurídico mexicano para conseguir que el principio de igualdad entre mujeres y hombres sea efectivo, no solo en las leyes sino en su aplicación”. 

Por su parte Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República (FGR), comentó la necesidad de avanzar en una adecuada procuración de justicia que lleve a una sanción justa del delito, la cual tiene que estar orientada por una investigación que identifique todos los actos que llevaron al feminicidio; “no podemos dejar de atender todas las demás violencias contra las mujeres, ya que una respuesta poco oportuna puede culminar en un feminicidio”.

En tanto, Candelaria Ochoa Ávalos, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) hizo un llamado a las fiscalías para enfocarse en mejorar las carpetas de investigación, ya que estas “son prioridad para alcanzar justicia. Las carpetas de investigación no han pasado la prueba para que las mujeres obtengan justicia ante un crimen, ya que hay una gran impunidad y omisión en esta materia”. 

Las funcionarias destacaron que el problema de la violencia contra las mujeres es un fenómeno que se da en todas las etapas de su vida como lo muestran los siguientes datos:

A nivel nacional 4.4 millones de mujeres mayores de 15 años sufrieron violencia sexual durante su infancia.[1][1]
45% de las mujeres de 15 años y más han vivido, por lo menos, un incidente de violencia durante el último año.[1][2]
 
Asimismo, coincidieron en que si bien hay avances en la armonización legislativa con perspectiva de igualdad de género en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de todas las entidades federativas y en la legislación que tipifica el feminicidio, la realidad es que la existencia de la ley, por sí sola, no garantiza su efectiva aplicación.

 En ese contexto, destacaron que la justicia debe mirar a las mujeres y acercarlas a la igualdad sustantiva, y para lograrlo, la perspectiva de género es una herramienta fundamental para garantizar una respuesta judicial idónea, inmediata y oportuna para las mujeres.

“Todavía enfrentamos barreras que superar para hacer del derecho a la justicia un derecho y no un privilegio. Justicia significa, también tener acceso a la salud, la educación, el empleo, la cultura y a vivir sin violencia. El Gobierno de México asume como nunca, su responsabilidad primaria de garantizar la seguridad, la protección de la vida de las mujeres y la construcción de procesos de paz”, concluyó Gasman.

Las funcionarias de las instituciones convocantes al taller reiteraron su compromiso para dar acompañamiento a las y los agentes del ministerio público, peritos, juezas y jueces, policías e investigadores, personal de trabajo social y de salud, para que cuenten con las herramientas indispensables para atender los casos de violencia contra las mujeres.

 Al Taller asistieron titulares de mecanismos de igualdad de género de 26 entidades federativas y 42 fiscalías de todo el país, así como funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Federal.

[2][1] En donde los principales agresores sexuales que abusaron de ellas durante su niñez, fueron integrantes de sus propias familias y personas conocidas: tíos (20.1%), primos (15.7%), hermano (8.5%), padrastro (6.5%) y padres (5.8%). Fuente: ENDIREH 2016.

[3][2] El último año corresponde al periodo octubre de 2015 a octubre de 2016.