La Policía de Investigación adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aprehendió a Antonio N., y a su esposa Patricia N.,, quienes contaban con un mandamiento judicial por el delito de fraude, en virtud de que recibieron la cantidad de 250 mil pesos por la supuesta venta de una plaza laboral que a la postre no entregaron. 

Los hechos que derivaron en el cumplimiento del mandamiento judicial, se registraron en octubre de 2014, cuando los probables responsables acudieron a la casa de la agraviada con la que llevaban una relación de amistad de 20 años, y le hicieron creer que por la cantidad de 250 mil pesos le conseguirían una base de intendencia en una dependencia federal. 

Motivo por el cual, la victima hizo la entrega del dinero en efectivo a sus conocidos; asimismo, acordaron que a más tardar en una semana le resolverían su situación laboral. 

Sin embargo, los imputados no regresaron al domicilio de la afectada como pactaron previamente, motivo por el cual esta última decidió buscarlos en su vivienda, por lo que conoció de voz de los sospechosos, que se complicó el trámite y solicitaron más tiempo para cumplir con lo establecido. 

Posteriormente, después de varias visitas por parte de la agraviada, finalmente en junio del año en curso, los probables responsables confesaron que nunca existió dicha plaza y que no devolverían el dinero, es por ello que la defraudada acudió a la PGJE e interpuso la denuncia correspondiente. 

Ante esta situación, el fiscal integró las pruebas pertinentes, que permitieron que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer librara las órdenes de aprehensión en contra de Antonio N., y de su esposa Patricia N., dentro del proceso 179/2016, por el delito de fraude. 

Con el mandamiento judicial, los oficiales de la Policía de Investigación aprehendieron la mañana del 9 de septiembre en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi a los probables responsables, para posteriormente ser recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala y Anexo Femenil en Apizaco, respectivamente, desde donde enfrentarán su proceso legal.