A un año de lo ocurrido por vez primera en Tlaxcala durante un 8M, nos quedan dudas sobre quién o quiénes son los que financian a los grupos radicales que causaron destrozos y desmanes la ocasión pasada. Todavía podemos recordar a los grupos feministas locales desmarcándose de la violencia que se generó.

Se espera que este año, esos mismos grupos pagados arriben a nuestro estado con la finalidad de seguir generando condiciones adversas para quienes pretenden legítimamente visibilizar sus demandas de justicia. Lo curioso de todo -además- de ser la primera vez que se sale de control es que en el resto del país, al menos en la mayoría de los estados morenistas, ocurrió lo mismo.

Lo anterior no puede llevar a pensar en que, tratándose de la guerra por lo que en el próximo año estará en juego, no se duda que la oposición, juegue su papel e interfiera en movimientos legítimos para tratar de ganar puntos porcentuales en las encuestas que hoy, sacan debajo de cada piedra.

La postura del gobierno morenista en nuestro estado debe ser en todo momento la de garantizar y salvaguardar la integridad de quienes asisten a la marcha que se espera, quienes transitan por las calles de Tlaxcala, y de quienes sean espectadores de ello.

Ojalá que el día de hoy todo transcurra en calma, que se den las condiciones para manifestarse y visibilizar las denuncias que se tienen, pero que se vele por la integridad de todos los que asisten. La posible llegada y presencia de grupos radicales puede poner en riesgo la legitimidad del movimiento.