Opinión

Quintana Roo, el narco y el disimulo

Lunes, Diciembre 5, 2022
Leer más de Roberto Rock
El pasado gobierno de Quintana Roo la operación política cedió amplios espacios al crimen organizado
Quintana Roo, el narco y el disimulo

Durante el gobierno de Carlos Joaquín González en Quintana Roo, concluido en septiembre pasado, la operación política y de la justicia estatal cedió amplios espacios al crimen organizado, que ha conquistado el control de municipios clave para el flujo turístico internacional, como Cancún y Playa del Carmen, revelan informes federales y reportes de áreas de inteligencia en la Ciudad de México.

Las indagatorias respectivas dan cuenta del avance que han tenido las bandas criminales en la entidad, sin que autoridades municipales pudieran enfrentarlas por el disimulo que protagonizó el anterior gobierno estatal, producto de una alianza partidista opositora, relevado hace 10 semanas por la morenista María Hermelinda Lezama, exalcaldesa de Benito Juárez-Cancún.

Los informes apuntan que en esta demarcación -principal entrada de divisas turísticas del país- operan los cárteles más importantes, entre ellos el de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el del Golfo. Pero destaca que el grupo con mayor peso es una banda denominada “Los Pelones”.

Durante el periodo del gobierno Joaquín González, “Los Pelones” encontraron terreno fértil para consolidarse en Cancún, lo que les permitió controlar la venta de drogas y virar de la extorsión de comerciantes y dueños de centros nocturnos, a comprar directamente estos establecimientos. Uno de los informes destaca el caso de una importante discoteca en la zona hotelera de Cancún que había logrado eludir el cobro de piso, hasta que las mafias compraron la totalidad del centro comercial donde se halla instalada.

El documento es prolijo en cuanto a la dinámica (tensa o tolerante) entre gobiernos municipales y las facciones de los cárteles que operan en la región. Se asegura que existen casos de resistencia, mientras que en otros se documentó el flujo de apoyos económicos en 2021 hacia las campañas de algunos actuales titulares de alcaldías.

Sobre este patrón de operaciones, el mismo reporte alude que en el periodo en que Santiago Nieto condujo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hubo un escaso número de investigaciones ligadas con Quintana Roo, y en particular se habría pasado por alto estudiar transferencias bancarias y otros tipos de movimiento de recursos de origen desconocido por parte de diversos actores, entre ellos el entorno político y familiar de Joaquín González, quien al término de su gestión fue designado por el gobierno López Obrador nuevo embajador ante Canadá.

Las referencias asentadas en estas investigaciones atraen la atención hacia Roxana Lili Campos, alcaldesa de Solidaridad-Playa del Carmen, a quien se le atribuye tolerancia hacia la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona.

Ella cuenta con una trayectoria cercana al exgobernador Joaquín González, quien la impulsó con atribuciones crecientes en la Fiscalía General del Estado, luego la designó consejera jurídica de su administración y finalmente la promovió para ser diputada local, de donde brincó a la alcaldía de Solidaridad, comuna que fue presidida por el propio Joaquín (2005-2008).

La señora Campos Miranda, postulada por la coalición opositora PRI-PAN-PRD, sostiene una batalla sorda con su antecesora, la morenista Laura Beristain (2018-2021). En el segundo mes de su gestión, presentó denuncias en su contra por supuestas irregularidades que acumulan más de 500 millones de pesos.

El pasado 28 de noviembre el periodista Ignacio Alzaga, reportero de “La Silla Rota”, dio cuenta de investigaciones desarrolladas por áreas de inteligencia a cargo de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Estas indagatorias fueron reveladas por el proyecto “Guacamaya”, de ciber activistas.

Estas investigaciones pusieron de manifiesto que sicarios de la llamada “Unión Tepito” fueron proporcionados –durante un periodo no determinado–a bandas locales y a facciones de los cárteles en Quintana Roo. Estos sicarios “de exportación” estuvieron sometidos a una especie de relación laboral en la que recibían un salario regular, bonos, viáticos y compensaciones por realizar su tarea, lo que suponía el asesinato de diversos personajes.

La pieza informativa de Alzaga, recogida luego en otros espacios, da cuenta de que los informes de la autoridad policial capitalina toman nota de que los sicarios “contratados” fueron usados por los grupos criminales referidos en media docena de municipios esenciales del estado, entre ellos el citado Benito Juárez-Cancún, así como Solidaridad (donde se halla asentada Playa del Carmen), Tulum, Othón P. Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto.

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