Opinión

El Senado y los nombres ocultos de Ayotzinapa

Domingo, Septiembre 18, 2022
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Los expertos consideraran que si el poder militar sigue creciendo, no se podrá debatir sus desmanes
El Senado y los nombres ocultos de Ayotzinapa

 

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En una de las paradojas que suele imponer la historia y la política, el Senado se verá obligado esta semana a extender, al menos hasta 2028, el control militar sobre la seguridad pública en el país. Llegará justo cuando los nombres de los líderes de las milicias -incluidos varios generales- se desbordan del expediente que alega su presunta complicidad con el crimen organizado en la masacre de estudiantes en Iguala, Guerrero, que este lunes 26 celebrará su octavo aniversario.

Sólo un monumental acto de ocultamiento evitará la irónica coincidencia de dos hechos. Por un lado, la fanfarria por el advenimiento de un marco constitucional que ampare el despliegue de las fuerzas armadas en las calles del país, exigido sin éxito por éstas durante los últimos 20 años. Por otra parte, prueba contundente de lo que puede ocurrir cuando los militares ejercen la supremacía de la seguridad y, por eso mismo, sufren el desgaste que ello conlleva.

Exponiendo el papel de los militares en la tragedia de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 adquiere un carácter explosivo, precisamente por su creciente peso político. Tanto es así que el gobierno de Peña Nieto evitó llegar al fondo del caso durante cuatro años, mientras la investigación del gobierno López Obrador, dirigida por Alejandro Encinas habría decidido acercar el bisturí solo a los bordes, para evitar que el exceso de pus nos ahogara a todos.

Una revisión inicial de los registros judiciales estatales y federales de esta historia revela que por cada soldado supuestamente involucrado, están sus jefes que se comportan de manera errática, a quienes se ha evitado mencionar. Lo mismo, para cada jefe y oficial de policía, en todos los niveles. Si se sortea, habrá comandantes de zona y región, gobernadores o secretarios de Estado al final de la fila que habrá que colocar bajo la lupa de la justicia.

Tras imponer total secreto a la lista de militares imputados la noche de Iguala, se informó que uno de ellos se había rendido con dos subordinados. es el general de brigada José Rodríguez Pérez, que al momento de los hechos era coronel y dirigía el polémico Batallón de Infantería 27, en Iguala.

Menos se ha hablado de que Rodríguez Pérez recibió órdenes del comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, a las órdenes del general Alejandro Saavedra Hernández, que también se vincula con la masacre de Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. Saavedra se encuentra prófugo y ha sido señalado en declaraciones ministeriales del alcalde de Cocula por haber impuesto a los jefes de policía de este municipio el cerco al basurero donde al menos algunos de los normalistas fueron asesinados e incinerados.

Tras estos hechos, Saavedra tuvo dos ascensos -el primero, luego de nueve semanas- y en septiembre de 2018 habría sido recomendado al entonces presidente electo López Obrador como opción para suceder al general Salvador Cienfuegos al frente de la Defensa Nacional. Saavedra recibió órdenes del comandante de la novena región, general Martín Cordero Luqueño, consta en actas judiciales una actitud negligente en aquella trágica noche…

La traumática página de Iguala lleva a los expertos a considerar que, si el poder militar sigue creciendo, la sociedad será menos capaz de debatir sus desmanes, ante el complejo entramado que impone el crimen organizado, el Estado de derecho, los derechos humanos y la propia democracia. Esa es la pregunta ante el Senado hoy.

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