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Exigen habitantes de Apizaco que clausuren crematorio ubicado en pleno centro de la ciudad

Apizaco   /   
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 Lunes, Mayo 25, 2020

Incrementa su actividad por fallecidos de Covid-19

Pobladores del municipio de Apizaco exigen el cierre del crematorio perteneciente al complejo funerario “Ángel Guardián” ubicado en pleno centro de la ciudad rielera, entre las calles Dos de Abril y Libertad, pues las cenizas que emana aseguran provoca graves afectaciones a la salud.

Y es que los inconformes detallan que el Complejo Funerario trabaja a marchas forzadas, y desde hace dos semanas su actividad se ha incrementado derivado de los decesos que ha dejado la pandemia por Covid-19.

“Todos los días podemos percibir como cae la ceniza de los cuerpos que ahí se incineran, los residuos llegan a dos kilómetros a la redonda, y emanan olores extraños; ayer el cielo ya presentaba un tono obscuro en todo el centro del municipio pues en la mayor parte del día se pueden observar grandes columnas de humo que salen de su horno crematorio”, señalo Javier Hernández vecino del lugar.

Y es que en el 2014 el entonces presidente municipal de Apizaco, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, por presión de las casas circundantes suspendió los permisos otorgados al complejo funerario “Ángel Guardián”, pues el Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de Apizaco en su artículo 127 detalla que ningún servicio de crematorio podrá otorgarse e instalarse en la zona urbana.

Además, en aquél entonces se pudo constatar que el crematorio no cumple con la norma que establece los niveles máximos permisibles de emisión de partículas sólidas a la atmósfera. 

Sin embargo, el proceso no quedó debidamente establecido y fue la actual administración del municipio rielero encabezada Julio César Hernández Mejía quien otorgó nuevamente los permisos para que los dueños de “Ángel Guardián” pudieran reiniciar sus actividades.

Los quejosos señalan que la funeraria debe ser inspeccionada por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por lo que hicieron un llamado al gobierno del estado a fin de que verifique el lugar.

“Es un negocio redondo para los dueños quienes cobran desde los 17 hasta los 30 mil pesos por cremar a una persona y los servicios que esto conlleva, sin considerar el enorme problema que provocan al ambiente y a las personas que vivimos cerca. El humo puede generar serias afectaciones respiratorias a las gente adulta y niños y ahorita en plena pandemia sería un desastre”, agregaron los inconformes.

   


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