Especialistas, académicas y representantes de organizaciones sociales se pronunciaron por incluir, en la Ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, diferentes medidas de protección para las féminas, entre las que destacan aquellas de prevención en las escuelas, en materia electoral y para sectores históricamente marginados, tales como los pueblos originarios, las personas con discapacidad y de diferente orientación sexual.

Al realizarse el segundo foro de análisis sobre dicha Ley, organizado por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala, también surgió la propuesta de dimensionar la importancia de implementar medidas de protección de naturaleza electoral, pues en el país sólo dos entidades federativas las tienen en su respectiva legislación, de acuerdo con lo expresado por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez, quien también propuso incluir en la ley estrategias de comunicación, a fin de que los medios comuniquen en torno a formas para erradicar la violencia de género.

La magistrada, así como el coordinador de la Oficina de Rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Edgar Alejandro Gómez Jaimes, coincidieron en que la legislación debe incluir también la prevención para erradicar la violencia contra las mujeres en las escuelas, entre ellas las instituciones educación superior, donde en las últimas semanas ha habido manifestaciones en ese sentido en el país.

Por su parte, la representante estatal de la Red Nacional de Mujeres Trans e integrante de Nosotrxs por la Democracia, Paola Jiménez Aguirre, observó que la ley debe considerar a sectores que históricamente han sido lastimados, como las mujeres con discapacidad, de pueblos originarios y de diferente orientación sexual, pues ninguno de estos sectores está contemplado en la legislación.

A su vez, la directora del Centro de Justicia para Mujeres en Tlaxcala, Juana de Guadalupe Cruz Bustos, reconoció la necesidad de cambiar la herencia cultural de la no denuncia, para lo cual también se requiere de funcionarios bien capacitados para aplicar la ley y la medición de políticas públicas en la materia.

En todo esto, sin embargo, la investigadora de El Colegio de Tlaxcala, Carolina Muñoz Canto, subrayó la importancia de que exista un acompañamiento presupuestal a los modelos de prevención y reacción, con una agenda de largo plazo, pues al igual que en su oportunidad subrayaron la magistrada Elsa Cordero y el académico Alejandro Gómez, en la reacción de una autoridad está la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer.