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Cuéllar va contra militarización del país y acude a la Suprema Corte

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Emilio Piedras  |
 Lunes, Enero 22, 2018

Senadores de diferentes fracciones presentaron una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior del PRI

Al considerar represiva e intimidatoria la Ley de Seguridad Interior que impuso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para militarizar el país, senadores de diferentes fracciones parlamentarias entre ellos Lorena Cuéllar Cisneros, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de Inconstitucionalidad que busca frenar las pretensiones del partido en el poder para tener la justificación para reprimir cualquier tipo de inconformidad social o electoral.

Fue el pasado viernes que los senadores presentaron la documentación ante la SCJN en el que con fundamento en los artículos 104 fracción VI y 105 fracción II inciso b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1,2 59 al 63 y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria de las fracciones  I y II del artículo 105; y artículos 1 y 10 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se promovió la Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior aprobada el 21 de diciembre de 2017.

En su momento, Lorena Cuéllar tomó la máxima tribuna del país para manifestarse en contra de esta ley promovida por el titular del Ejecutivo para darle facultades extraordinarias a las fuerzas armadas, lo que implicaría una invitación a la violación de los derechos humanos bajo el pretexto de erradicar la inseguridad derivada de una política económica y en materia de seguridad erróneas.

La senadora advirtió las graves consecuencias que podría generar la aprobación de esta ley que incluso la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluye que es abrir el paso a la violación de las garantías individuales y que casualmente se da en tiempos electorales y con un descontento masivo de la población en contra del PRI.

"Organizaciones nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos han señalado su preocupación en cuanto al poder que otorga esta minuta a las fuerzas armadas, ya que es un riesgo real que la autoridad civil quede subordinada al ejército, situación que solo mermaría su relación con la sociedad…lamentablemente los últimos años nuestras fuerzas armadas han sido cuestionadas por presuntas violaciones en materia de derechos humanos”, dijo Lorena Cuéllar en tribuna.

Incluso Lorena Cuéllar expuso que la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos dirigió una carta a los legisladores en las que expone 14 problemáticas que enfrentaría el país de aprobarse esta ley empujada por el PRI y el PAN, entre ellas está la indebida regulación del uso de la fuerza, la nula protección y garantía de los derechos humanos, afectaciones a la protesta social, ausencia de transparencia, además de lesionar la autonomía y carencia de explicitud de los principios básicos, entre otras más.

Pese a todos los esfuerzos de senadores de oposición, la Ley fue aprobada, por lo que decidieron llevarlo hasta la SCJN para tratar de echarla abajo y no permitir que las fuerzas armadas tengan la facultad para reprimir cualquier movimiento social, más aún cuando el partido en el poder no lleva las preferencias electorales y se espera que pudieran recurrir a un fraude para mantenerse en la silla presidencial.

   


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