Familiares de los siete ex policías acreditables recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco acusados de secuestro en enero de 2015, solicitaron a los integrantes del Congreso local llamar a comparecer a la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alicia Fragoso Sánchez, a quien acusan de obstruir la administración de justicia en esos casos a través de la orden a los ministerios públicos de retrasar audiencias.

Dicha solicitud la realizaron los familiares de los siete ex policías acreditables mediante oficio al Congreso del estado, el cual fue recibido por la Secretaría Parlamentaria el día 14 de marzo de 2016.

En el escrito piden el apoyo e inmediata intervención del Poder Legislativo local para que se inicie el trámite correspondiente para solicitar la comparecencia inmediata de la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Alicia Fragoso Sánchez, con la intensión de que explique los motivos por los cuales obstruye la administración de justicia.

Lo anterior sostuvieron “al ordenar a su personal, en específico a los ministerios públicos adscritos a los juzgados penales de Sánchez Piedras, no comparecer a las audiencias y obstruir el trámite de los procesos que se llevan en contra de nuestros familiares deducidos de los procesos números 10/2015, 293/2015, 16/2015, y 19/2015”.

 Además acusaron que en dichas causas penales se está viciando el procedimiento judicial, y la resolución se está retardando por omisiones del personal de la PGJE.

Bajo esos argumentos, los familiares de los ex policías acreditables pidieron a los diputados citar a la procuradora para que presente una explicación jurídica y lógica sobre los motivos por los cuales están retardando la administración de la justicia y sobre todo “chicaneando” los asuntos de los ex servidores públicos, dando como razón que se trata de un asunto político.

Incluso, los familiares solicitan estar presentes el día de la comparecencia así como también permitir la presencia de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).