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Opinión



Promesas de campaña y políticas públicas

Domingo, Noviembre 4, 2018 - 19:03
 
 
   

Tres promesas de campaña han iniciado el recorrido para concretizarse. En febrero del 2018, AMLO aseguró que daría marcha atrás a la reforma educativa. En diciembre del 2017 también prometió cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco. En mayo del 2017 prometió bajar los salarios de los funcionarios públicos.

 

 

Aunque muchas de esas promesas dependen de otros poderes diferentes al Ejecutivo, hoy todas éstas empiezan a mostrar rostro.  Efectivamente, en septiembre de este año, el PT presentó una iniciativa para revertir la reforma educativa aprobada en el sexenio de Peña Nieto. Paralelamente, diputados del Congreso Federal presentaron una iniciativa para suspender la evaluación docente con base en los criterios de la reforma educativa. Recientemente, más allá de la discusión que ha generado la legalidad o no de la consulta ciudadana, el presidente Electo ha informado que ratifica la decisión de la no construcción del aeropuerto en Texcoco. Finalmente, hace unos días se aprobó (aunque no ha sido publicada por el presidente Peña Nieto) la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Público.

Todas estas situaciones generaron (durante campaña) un intenso debate. Sin embargo, ahora también lo siguen generando. Y aquí cabe preguntarse, ¿las promesas de campaña deben convertirse necesariamente en políticas públicas?

Mi respuesta es que en un país democrático necesariamente las promesas de campaña si deben convertirse en políticas públicas, en caso contrario sería un simulacro el ejercicio electoral. Pueden o no gustarnos las promesas de las y los candidatos. Pueden o no gustarnos las políticas públicas ya en acción. Pero algo que si violentaría un estado de derecho es que esas promesas no se cumplieran.

Desde luego que hay partidarios a favor y en contra de la reforma educativa. También hay detractores y adeptos a la construcción del aeropuerto. Hay seguidores y obstaculizadores a la idea de bajar los salarios. Y ninguno de los grupos en pugna es menor en capacidad y compromiso ciudadano. Sus opiniones son valiosas y sólidas. Para fortuna o desfortuna (el tiempo lo dirá), la única solución que tenemos para tomar decisiones colectivas es la democracia. Y en la democracia el voto a favor de una persona (y sus ideas) significan un respaldo de legitimidad. No pasa por alto que la democracia tienen sus propios demonios y que ello puede acarrear grave violación a los derechos humanos. Sin embargo, la fórmula democrática posee mayores ventajas que desventajas. Las personas  y no la fórmula sí pueden poner en riesgo la vida democrática y los derechos humanos. En consecuencia no le tengamos miedo al resultado de la vida democrática, preocupémonos mejor por la democracia en sí misma. Cuando está corra riesgos, debe activarse el alarma. Y la alarma no se activa por promesas cumplidas, sino por su contrario: las promesas no cumplidas.

 


Si había alguna duda de que José Antonio Aquiahuatl Sánchez era un procurador de Justicia balín, esta semana quedó despejada al observar su insultante inmovilidad en un caso de justicia de propia mano que llevaron a cabo con total impunidad los iracundos habitantes de la comunidad de Muñoztla del municipio de Chiautempan.

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