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Opinión



Inmigración

Domingo, Octubre 21, 2018 - 19:16
 
 
   

En los últimos días ha estado muy comentado el tema de las mujeres y hombres hondureños que pasan por territorio mexicano. Incluso se han polarizado las posiciones, pues hay quien se manifiesta a favor de un libre acceso y hay quienes se oponen directamente a ello. Son muy llamativos los argumentos que utilizan los detractores de la inmigración; aunque parecieran convincentes son falaces y hay que estar prevenido sobre ello.

 

 

En primer lugar, debe recordarse que la Declaración Universal de derechos humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), establece en su artículo 13 lo siguiente: Artículo 13. “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Dicho en otras palabras, es un derecho humano el de salir y entrar libremente de los países.

En segundo lugar, debe subrayarse que impedir el libre acceso, no solo es la violación a un derecho humano, sino que también es una política económica desacertada. En toda la historia de la humanidad, las grandes potencias se han construido por el flujo migratorio. Así que el limitar el acceso no solo es equivocado legalmente, sino que también es un desacierto económico.

Hay, desde luego, preocupaciones que pueden afectar a la conciencia de la población mexicana. La primera preocupación es la de pensar que el ingreso migratorio viene acompañado de delincuencia. Esto es falso. Inmigración y delincuencia no es sinónimo. La mayor parte de delincuentes no ingresan por la vía publica y mucho menos exigen derechos. Ingresan de forma discreta, y evaden cualquier intento de ser identificados. Los migrantes buscan trabajo; los delincuentes (de la nacionalidad que sea) no buscan trabajo buscan precisamente delinquir. No es un proceso de barreras migratorias las que debe combatirlos, debe ser la política eficaz de seguridad pública y criminal quien debe encargarse de ese tema.

Otra idea más:  se dice que ofrecer trabajo a los inmigrantes es irresponsable pues primero habría que ofrecer trabajo a las nacionales. Este argumento parte de la idea de que el trabajo es propiedad exclusiva. Pero no, no es exclusiva de nadie.  Primero: los puestos laborales en una economía de libre mercado pertenecen a un proceso de oferta y demanda. Segundo: además, contrario a lo que suele pensarse, la ocupación de empleos no genera desempleo, genera más empleos. Es una política errónea de privilegios y dirección de mercado las que genera desempleo. Dicho en otras palabras, si el taxista tiene empleo, es porque el taquero también lo tiene, y porque el ciudadano que consume el producto del taquero, también tiene trabajo. La cadena económica se fortalece con la expansión de empleos y no con la exclusividad del mismo.

Finalmente, una idea más: se dice que los migrantes hondureños no van de paso. Los van a regresar y finalmente se quedarán en México. Y en México, se dice también, no podemos con nuestros propios problemas y en consecuencia sería irresponsable asumir más compromisos. En primer lugar, dudo que el 100 % de las personas que integran la caravana de queden definitivamente en el país. Pero suponiendo que así fuera, no veo la razón alguna para impedirles que construyan una vida en nuestro país. Muchos migrantes han construido a la nación mexicana y no necesariamente han venido ellos y ellas a servirse del pueblo de México. Al contrario, nosotros y nosotras hemos aprovechado sus experiencias y conocimientos para mejorar y seguir buscando el desarrollo. Los ejemplos más llamativos de inmigrantes que han fortalecido a la nación mexicana lo es la comunidad judía, española, argentina, china, coreana, salvadoreña, y un largo etc.

A todo esto, debemos ser muy cuidadosos con deducciones falaces. Y sobre todo, respetemos los derechos humanos como eje rector de nuestro actuar.

 

 

 

 

 

 


La inexperiencia y falta de oficio político son factores que empiezan a jugar en contra de los diputados morenistas, del PT y el PES que podrían hacer el ridículo y quedarse con las ganas de implementar un nuevo esquema de fiscalización para los 60 presidentes municipales, quienes en sus Cabildos están rechazando la reforma Constitucional aprobada para presentar mensualmente las cuentas públicas a partir del 2019.

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