*

Lunes, 20 de Noviembre de 2017     |     Tlaxcala.
Suscríbete


Opinión



Fiscales: ¿y si los elegimos democráticamente?

Domingo, Noviembre 12, 2017 - 10:11
 
 
   

En la historia de las fiscalías del país rara vez sucede que se presenté una sublevación como la de Santiago Nieto, ex-fiscal de la FEPADE.

 

La comunidad política respiró agitadamente por tan singular acontecimiento. Se formaron grupos. Algunos utilizaron esta escena como reliquia y fundamento para señalar la corrupción del sistema. Otros, replicaron que el despido estaba justificado: se requería de un hombre de acero, de un leal incondicional, de un respetuoso de las leyes de la prudencia. Ambos bandos jugaban con máscaras. En primer lugar y como lo señaló acertadamente Jorge Zepeda Patterson “nadie llega a fiscal en este sistema por ser la madre teresa de Calcuta”; pero en segundo lugar, el pronunciamiento de Santiago Nieto tampoco era elemento razonable (en un Estado Democrático de Derecho) para su despido. Sea como fuere, este acontecimiento puede ser útil para replantearse el tema de la elección de los fiscales generales y especializados (empezando por el Federal y siguiendo para cada una de las entidades federativas).

El actual nombramiento del Fiscal General de la Republica (proceso que siguen de forma parecida las entidades federativas), conforme al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que el senado envía una lista de 10 candidatos al Ejecutivo. El Ejecutivo –de esa lista—regresa una terna y de la cual el senado selecciona a una sola persona. El mismo procedimiento se sigue para los fiscales especializados. Aunque el proceso es complejo precisamente para asegurar una mayor imparcialidad, la realidad es que, con la intervención de actores políticos en la designación, la autonomía de la persona seleccionada siempre llevará la “carga” de un compromiso político.  Por ello, es importante reflexionar sobre la posibilidad de que el nombramiento del fiscal abandone la dependencia que tiene para con el Legislativo y Ejecutivo y convertirse ella misma en centro de gravitación. La clave estaría en la elección de su titular a través del sufragio universal libre y secreto.

Esta idea, aunque aventurada, ya fue defendida hace varios siglos por los ideólogos de la revolución francesa. Ciertamente, hasta antes de le revolución, había dos tipos de fiscales. Uno nombrado por el Rey (para la defensa de sus intereses) y otro elegido por el pueblo a través del sufragio (l, accusateur public). La propuesta de continuar con este modelo fue discutida ampliamente en los Archives Parlementaires[1].

Desde luego, esta idea tiene sus riesgos en una sociedad --como la mexicana-- que sufre de una democracia endeble; sin embargo dentro de los males quizás sea el menos peor pues es más  abarcadora. Además, y pensando en los tiempos actuales, se prevé como una mejor solución a los temas de legitimidad. Pone énfasis en la idea de autonomía y finalmente, genera una mayor movilidad de la sociedad civil en las instituciones públicas. Sea como fuere, los actores políticos deben quitarse la máscara y hablar en serio en torno a estos temas. Buscar una mejor forma de seleccionar a los fiscales siempre traerá un beneficio generalizado y sin duda nuestras generaciones futuras lo agradecerán.

 

[1] Hay una interesante narración de este tema en el libro de Ludwin Villalta con el titulo “El ministerio publico en Guatemala. Alojado en el siguiente link: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5222/lvg1de2.pdf

 


El caso del ex magistrado Fernando Bernal Salazar aún no ha concluido y aunque los diputados locales argumenten que ya dieron cumplimiento al fallo del juez federal que ordenó al Poder Legislativo emitir un nuevo dictamen sobre la ratificación o no del abogado como miembro del TSJE, en realidad los legisladores han simulado una solución que difícilmente aceptará la justicia.

Encuesta