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Miércoles, 20 de Septiembre de 2017     |     Tlaxcala.
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Opinión



Participación Ciudadana

Lunes, Septiembre 4, 2017 - 16:34
 
 
   

La democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. Sin embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente este poder es necesario que los ciudadanos tomen parte en las cuestiones públicas o que son del interés de todos, ya que la participación permite que las opiniones de cada uno de los integrantes de una nación sean escuchadas.

 

La participación no se limita en el voto como muchas personas piensan, existen múltiples formas de tomar parte en los asuntos públicos, y el voto es sólo una de ellas. Los mecanismos de democracia directa (iniciativa de ley, referéndum, plebiscito y consultas ciudadanas), la revocación de mandato y la cooperación de los ciudadanos en la prestación de servicios o en la elaboración de políticas públicas, son formas de participación ciudadana. 

Dentro de la participación ciudadana se encuentran las iniciativas populares, como aquellas instancias en las cuales el pueblo puede presentar soberanamente una propuesta de legislación que sea tratada en el cuerpo legislativo correspondiente y que pueda eventualmente convertirse en ley. La iniciativa popular es un mecanismo de participación democrática semidirecta que a nivel federal se aprobó con la última reforma político-electoral de 2012 y terminó por reglamentarse hasta mayo de 2014, sin embargo el instrumento ha sido poco utilizado. La falta de uso sugiere, por un lado, que no ha sido lo suficientemente socializado, y por el otro, que es poco accesible debido a la cantidad considerable de recursos monetarios y humanos necesarios para movilizar una iniciativa.

Arturo Castro Soto, en su obra titulada LA INICIATIVA POPULAR EN TLAXCALA ACCIONES COLECTIVAS PARA EL COMBATE A LA TRATA DE MUJERES, menciona que en el Estado de Tlaxcala, las iniciativas ciudadanas cobraron importancia en aquel movimiento iniciado por la Pastoral de los Derechos Humanos junto con Mujeres en Lucha por la Dignidad a principio del año 2006, en el que convocaron a otras organizaciones a sumarse a la Campaña por la Dignidad de las Mujeres y con ella preparar una Iniciativa Popular en la que se presentaran las propuestas de políticas públicas y legislativas para la tipificación del delito de trata de personas en el código penal. 

La Iniciativa Popular se impulsó así desde la “Campaña por la Dignidad de Todas y Todos” con la participación de diversas organizaciones locales, nacionales e internacionales, partiendo de que la trata de mujeres es violencia hacia la mujer, es una violación a derechos humanos, es una forma contemporánea de esclavitud, es delincuencia organizada, es un pisoteo de la dignidad y existe en Tlaxcala mostrando la evidente ineficacia del Estado.

Las organizaciones participantes en la elaboración de la Iniciativa, encontraron que esta figura no existía en la legislación local, entonces las organizaciones decidieron establecer su proceso de participación y movilización social, tomando como referencia los parámetros existentes en otras legislaciones estatales para el impulso de iniciativas populares.

La Iniciativa popular como movimiento social contó con la participación de 60 organizaciones. Se levantaron más de 25 mil firmas ciudadanas, 23 mil 973 de las cuales se entregaron en el Congreso con la presencia de una notaría acompañando la Iniciativa Popular, finalmente fueron recibidos por una comisión de diputados y por el entonces Secretario de Gobierno. A pesar de enfrentar la falta de voluntad política de los entonces funcionarios, finalmente se vio concretada la lucha de tipificar el delito de Trata de Personas .

Fue hasta el 15 de mayo de 2006 que el Congreso del Estado creó la Ley de Consulta Ciudadana que contiene la figura de Iniciativa Popular, como la forma de participación por medio de la cual son sometidas a la consideración del Congreso o de los ayuntamientos, según sea el caso, las propuestas, cuyo objeto sea crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar leyes o decretos estatales o reglamentos municipales, a fin de que sea el Congreso o el Ayuntamiento quien las estudie, analice, modifique y en su caso las apruebe.

La facultad de iniciar leyes y decretos corresponde a los habitantes del Estado en los términos que establezca la ley, sin embargo la fracción XXIII del artículo 54 de la Constitución Política local solo permite a este Congreso que una vez recibidas, se consideren en el siguiente período ordinario de sesiones.

Lo cual significa, que en el Congreso recibiera una iniciativa Popular antes del 15 de diciembre de este año, no se podrá conocer de ella y deberá permanecer archivada hasta comienzos del año 2018, siendo lo anterior un trato discriminatorio a los iniciadores de tal propuesta solo por ser ciudadanos que no ostentan cargos públicos al igual que los demás facultados, dándoles un tratamiento distinto a sus propuestas. 

Lo anterior, además de realizar un trato discriminatorio a las iniciativas ciudadanas, constituye en la práctica una manera de generar el desinterés de la ciudadanía a los temas que sean planteados, por su puesto, contribuye a dañar la imagen del Poder Legislativo, ya que además de hacer menos las propuestas populares, queda como un ente burocrático y ajeno al sentir de la gente.

Es por ello a través de una iniciativa propuse eliminar ese tiempo de espera innecesario, y de esta manera una vez recibidas las iniciativas populares a través de la Secretaria Parlamentaria, la Mesa Directiva de esta Soberanía estará en condiciones de turnarla inmediatamente mediante la correspondencia recibida, a la comisión o comisiones competentes, quienes determinarán su viabilidad o no, observando los principios ya previstos en la Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala.

Los ciudadanos son quienes a diario sufren más los acontecimientos sociales y económicos que parecieran ajenos a muchos, por ello es importante que tengan la facilidad de pedir la cobertura legal por parte del Estado. En síntesis, la participación de los ciudadanos es sustancial porque modera y controla el poder de los políticos y porque la sociedad se hace escuchar en la toma de decisiones.


Al reportar sólo daños materiales, medios de comunicación nacionales y autoridades federales se han olvidado de Tlaxcala, por lo que sólo se centran en Morelos, Puebla y la Ciudad de México. El gobernador Marco Mena deberá hacer un levantamiento serio de los daños registrados para lograr recursos del Fonden que permitan recuperar los inmuebles dañados.

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