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Domingo, 20 de Agosto de 2017     |     Tlaxcala.
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Opinión



Aquí Xicohténcatl… Tlaxcala en la opacidad

Viernes, Agosto 4, 2017 - 10:56
 
 
   

En Tlaxcala, como a nivel nacional, fue instalado rapidito, rapidito el Sistema Nacional Anticorrupción, porque dicen que es una demanda de la sociedad y una exigencia para controlar, prevenir y castigar la corrupción.

 

Pero en Tlaxcala vamos muuuy lentos.   ¿No será que en Tlaxcala no existen la corrupción? o seremos quizá el primer Estado de la República donde no hay funcionarios, ni autoridades, ni policías corruptos.   Si es así la Cgiyrp de Marco Mena se tarda en pagar los millones de pesos que acostumbra para decirle a México y el mundo que Tlaxcala también es el primer lugar de este país donde no hay corruptos.   Esa si sería notica para pagar al precio que sea y no gastarse el dinero en alabanzas injustificadas como ha ocurrido en estos primeros ocho meses de la administración menista.   Como sea, en el territorio tlaxcalteca inicia sin su Fiscal Anticorrupción y con preocupantes señales de que será dependiente o satélite de los tres poderes, en particular del Ejecutivo.   Históricamente para nadie en Tlaxcala es un secreto que los entes públicos tratan a toda costa de que sus acciones no se transparenten, ni mucho menos que se hagan públicas desde sus declaraciones patrimoniales, hasta los detalles en la aplicación de los recursos públicos y sus resultados.   Más cuidado que un secreto de estado, es la contratación de proveedores, del pago con recursos del pueblo de la publicidad oficial en medios impresos, electrónicos o digitales, de servicios profesionales de consejeros que cobran sueldos multimillonarios como asesores internos o externos.   Los tres poderes y los municipios navegan en aguas de corrupción e impunidad, en cuanto hace a la rendición de cuentas; por un lado se ubica a un Poder Ejecutivo que ya no rinde cuentas al pueblo abiertamente.    Solo por abajo de la mesa el gobernante pasa su informe anual de labores a los diputados locales en el Congreso local, por escrito, que es guardado bajo siete llaves por los empleados legislativos que impiden una glosa o su consulta pública.   En el último sexenio se ha estilado que el Ejecutivo manda un mensaje político en ceremonias faraónicas a las que no tiene acceso el pueblo de Tlaxcala, que se supone es el destinatario del esfuerzo de sus gobernantes.   Al inicio de su gestión, el titular del Ejecutivo, Marco Mena envió a los diputados su iniciativa donde propuso la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, derivado del acuerdo federal, como la instancia de coordinación entre autoridades estatales y municipales.   Supuestamente para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, sistema que constará de un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana.   De la iniciativa también destaca la creación del Tribunal de Justicia Administrativa como parte del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y que estará integrado por tres magistrados. Se propone la obligación de los servidores públicos para presentar su declaración patrimonial y de interés ante la autoridad competente, de acuerdo a la ley de la materia.   Además la prescripción para hacer exigible la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, cuando se trate de faltas administrativas no graves sea de tres años, y tratándose de faltas graves o particulares sea de siete años.   Incluso, el Gobernador Mena planteó que los entes públicos estatales y municipales cuenten con órganos de control interno para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que puedan constituir responsabilidad administrativa.   Como era de suponerse y al filo del último minuto, los integrantes de la LXII legislatura local aprobaron fast track, la iniciativa del Mandatario que en los hechos habrá que esperar a que funcione.   Pero lo dudamos, dados los resultados evidentes que se tienen en ocho meses de la “nueva” administración estatal y municipal.   De esta forma el Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana están condenados a ser un ente más al servicio del gobernador en turno y de algunos partidos políticos.   El resultado visible es la complicación de la transparencia con la creación de entes fiscalizadores que son un cero a la izquierda, es el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (Iaip).   Sus consejeros integrantes cobran sueldos puntualmente cada quince días organizando conferencias, galerías de fotos, exposiciones itinerantes, campañas de orientación, asesorías o capacitaciones pero sin resultados.   Sin embargo es la hora en que ningún “ente” que a ojos vistos haya cometido actos de corrupción ha sido puesto tras las rejas y ni siquiera en sospecha, por lo que el Iaip es considerado un gasto que no se justifica porque no da resultados.   Por otro lado, está claro, que desde la creación del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), desde hace casi 15 años, ha servido para solapar excesos, desde donde diputados locales avalan para que sea más sólido el paraíso de la corrupción e  impunidad en Tlaxcala.   El Poder Legislativo es el que supuestamente sanciona y vigila  a todos, pero que nunca se ha permitido rendir cuentas de sus actos, sobre todo si se trata de transparentar sus dietas que deberían ser publicitadas.   Con chicanada tras chicanada, los 25 diputados solapan las irregularidades de las cuentas públicas, y ni se diga de los partidos políticos, mucho menos abren sus cuentas a los entes fiscalizadores de recursos para “gestión social” de los que pocos rinden cuentas en qué los aplican.   El Poder Judicial no se queda atrás, los sueldos de jueces y magistrados tampoco son transparentados a satisfacción, mucho menos son públicas las formas de cobro al ciudadano por ventilar un juicio. Menos hay transparencia ni intención por aplicar una sentencia o por hacer públicas las fianzas que imponen a homicidas, defraudadores, violadores, secuestradores y demás ralea delincuencial que dicen compran la justicia impunemente.   Nadie deja huella de su actos, si se toma en cuenta que de entrada las contralorías internas dedican sus esfuerzos diarios en ocultar los malos manejos, en la historia reciente no se sabe sobre alguna sanción o inhabilitación de algún funcionario por corrupto.   Es algo similar a lo que ocurre con los llamados juicios políticos, que ahí están y que son semejantes a las recomendaciones de los derechos humanos y en Tlaxcala, el asunto de la transparencia es como las llamadas a misa.   El dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Tlaxcala, Carlos Carreón Mejía, el secretario general Víctor Fernández, el director jurídico del PAN Juan Carlos Texis, así como los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado: Carlos Morales y Guadalupe Sánchez denunciaron que el Sistema Estatal Anticorrupción solo responde a un ejercicio puesto a modo para el gobernador del estado, Marco Mena.   Señalaron que la ley aprobada por el PRI y sus aliados, carece de valides, toda vez que presenta artículos que se contraponen con la ley general en la materia; por lo que señalaron, iniciarán el procedimiento para declarar una acción de inconstitucionalidad respecto al Sistema Estatal Anticorrupción para el estado de Tlaxcala.   El grupo parlamentario del PAN señaló que se cae en el supuesto de inconstitucionalidad debido a que el órgano de impartición de justicia administrativa debe ser dotado de completa autonomía, mientras que la reforma aprobada establece que este organismo obtendrá su presupuesto del Poder Judicial del Estado.   En el mismo sentido lamentaron que para nombrar a quien encabece la titularidad de los órganos internos de control, de los órganos constitucionales autónomos,  se requiera solamente de las dos terceras partes de los diputados presentes en una sesión, partiendo del quórum legal y no del total de los diputados que integran la legislatura, es decir: “existiría la posibilidad de aprobar al titular con solo nueve diputados”.   Lamentaron la falta de compromiso del Grupo Parlamentario del PRI y sus aliados, para trabajar en favor de los tlaxcaltecas, y se limiten a hacer leyes al vapor que le permitan al Ejecutivo local, tener control sobre los órganos legalmente establecidos en la Constitución.   Total que en este 2017 los tlaxcaltecas vamos a ser testigos del surgimiento y crecimiento de la inútil burocracia, con altos sueldos y costales de justificaciones ´para su ineficiencia.   De nada sirve crear más oficinas, con gente que cobra altos sueldos sin hacer nada, ya desde hace ocho meses se prometió un cambio que no se mira por ningún lado, en algunas oficinas siguen los mismos funcionarios probados por su ineficiencia ya más de seis años.   Quienes violaron la ley y se atascaron de dinero están muertos de la risa, es el caso de los institutos y demás ralea de “organismos autónomos”, cuyos titulares están más interesados en tomarse la foto para que vean que trabajan que en dar resultados a los tlaxcaltecas.   Por principio de cuentas es evidente que diputadas y diputados no fueron capaces de crear un Sistema Anticorrupción que funcione, ahora viene el jaloneo para colocar a las amantes y los cuates o familias.   Total que en este sueño guajiro del Mandatario en turno, los tlaxcaltecas vamos a ser testigos de más de lo mismo, con nuevos ricos con la trompita parada y la nariz fruncida ante los reclamos del pueblo que los mantiene… Y LES DA DE TRAGAR.  

 


Reducción de salarios, plazas sin concursar y otros problemas son los que prevalecen en el sector educativo de Tlaxcala y que las autoridades responsables se niegan a atender y resolver, lo que demuestra que no hay sensibilidad ni ganas de romper con la inercia negativa que prevalece en el sistema educativo del estado.

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