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Opinión



Sistema penal, convertido en abogado de delincuentes

Miércoles, Julio 12, 2017 - 07:23
 
 
   

Complicado dar crédito a la forma terrible en que en México se está aplicando el Nuevo Sistema de Justicia Penal por medio del cual podrían quedar libres “miles” de presos de todas las entidades del país acusados de diferentes delitos, que podrán enfrentar su proceso en libertad…

¡qué benévolo! resulto el Nuevo Sistema de Justicia para los acusados de crímenes diversos, y que ahora podrán muchísimos de ellos regresar a las calles, quizá a poner en práctica lo aprendido en la escuela del crimen, porque rehabilitados obviamente no están.    

Hace unos días, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Miguel Ángel Mancera, refirió que la sociedad y autoridades deben prepararse ante la inminente liberación de más de 4 mil personas que actualmente se encuentran recluidas en penales de la ciudad, pero que por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrán enfrentar su proceso en libertad debido a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Y hay mucho más, la semana pasada, la SCJN determinó que todos los presos juzgados en el antiguo sistema de justicia, conocido como mixto, pueden solicitar la revisión de su caso y enfrentar el proceso conforme a los criterios del nuevo sistema de justicia penal. 

En algunos casos, los reos recluidos por delitos antes considerados como "graves" tendrán derecho a poner fin a la prisión preventiva que pesa sobre ellos y enfrentar las acusaciones en libertad, lo cual no implica la absolución de los delitos. 

Es así que por ejemplo en el caso de Suspensión Condicional del Proceso: la persona que por primera vez cometa un delito no grave, podrá solicitar al Juez de Control suspenda el Juicio a cambio de aceptar su culpa, comprometerse a indemnizar por el daño causado, y asumir las condiciones que le imponga el Juez.

Para ello deberá satisfacer a la persona afectada en la reparación del daño, cumplir con las condiciones que el Juez le imponga; si el imputado no cumple con esas condiciones, se reanudará el proceso penal.

Es decir, que si un delincuente es encarcelado por primera vez por un delito “no grave”, tendrá el beneficio si repone lo robado que le sea suspendido el juicio y regrese a las calles. El asunto es que por ejemplo si una persona que ha cometido muchos fraudes es acusada de uno de ellos; mientras indemnice al defraudado que lo acusó podrá beneficiarse con la suspensión del juicio en su contra.

Situación muy cómoda para los criminales quienes regularmente cuando son encarcelados cuentan con los recursos económicos suficientes para pagar su juicio y más producto de los demás delitos que hayan cometido.   

En lo referente al Proceso Abreviado que consiste en la oportunidad que se le otorga a un imputado de aceptar su responsabilidad, evitándose realizar un juicio más largo que genere desgaste emocional y económico a la víctima. En ese momento, el imputado inicia el proceso de reinserción social al responsabilizarse de sus actos. Por esta razón podrá recibir una pena menor a la que corresponda de acuerdo a la ley.

Miguel Ángel Mancera, anunció la incorporación de 35 nuevos delitos no graves al Sistema Procesal Penal Acusatorio, que contempla los juicios orales.

Entre los delitos que con el Nuevo Sistema de Justicia Penal ahora ya no son considerados como graves están: lesiones, ayuda al suicidio, aborto después de las 12 semanas de gestación, omisión de auxilio o de cuidado, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, denegación o retardo de justicia y prevaricación, omisión de informes médico forenses, encubrimiento por favorecimiento y suministro de medicinas nocivas.   Tráfico, retención de menores o incapaz, corrupción de personas menores de edad, bigamia, delito de cobranza ilegítima, usurpación de identidad, disparo de arma de fuego, revelación de secretos, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, entre otras.

Aquí resulta curioso –por decirlo de alguna forma-, que delitos como: enriquecimiento ilícito, abuso de confianza, peculado, fraude y administración fraudulenta sean entre otros los delitos por los que son investigados muchos gobernantes y políticos.

El ejemplo más cercano quizá es el del ex gobernador veracruzano del PRI Javier Duarte Ochoa acusado de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal quien por el momento está capturado; pero que según el Nuevo Sistema de Justicia Penal gracias a que ahora dichos delitos que cometió son catalogados como “no graves”; por lo pronto podría llevar su proceso judicial en completa libertad.

Y como Duarte hay muchos ex gobernantes curiosamente también del PRI en su gran mayoría acusados, entre otros, de este tipo de delitos.

Como son los casos de los ex gobernadores priistas Tomás Yarrington de Tamaulipas, Flavino Ríos de Veracruz, Rodrigo Medina de Nuevo León, Mario Villanueva de Quintana Roo, Roberto Borge, Andrés Granier de Tabasco y Jorge Herrera Caldera de Durango.  

Así como Guillermo Padrés ex gobernador de Sonora por el PAN; y muchos casos de funcionarios de distintos niveles de gobierno, han sido y son investigados por acusaciones en la gran mayoría por delitos que el Nuevo Sistema de Justicia Penal ahora tiene como no graves; de ahí que en cumplimiento a la ley casi todos los mencionados y muchos otros ex gobernantes y políticos podrán tranquilamente seguir su proceso judicial en libertad.

Es así que de acuerdo al anuncio de Miguel Ángel Mancera, sólo en la Ciudad de México podrían quedar en libertad sin haber concluido todavía su proceso judicial unos cuatro mil presos. La cantidad total para toda la República Mexicana seguramente será exorbitante.

Para el caso de Tlaxcala recientemente pregunté a la titular del Poder Judicial en el estado, Elsa Cordero si tenía un cálculo del número de presos acusados de este tipo de delitos ahora considerados como no graves que podrían quedar en libertad, a lo que respondió que no lo sabía; aunque refirió que podría ser un número no tan elevado como el de otras entidades.

Es así que ahora, el Nuevo Sistema de Justicia Penal sólo considera graves 7 tipos de delitos, y quienes los cometan enfrentarán un proceso en prisión, el resto de los acusados será juzgado en libertad.

Los 7 delitos considerados graves son: crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, e infracciones graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Es importante tomar en cuenta que actualmente prácticamente en la mayoría, si no es que en todos los centros de readaptación social (ceresos), o prisiones de todo el país existe un problema de sobrepoblación que puede ser una de las principales causales de otros problemas como autogobierno, corrupción, altos grados de violencia y tráfico de drogas, entre otros.

De ahí la urgencia de buscar una solución a este problema de sobrepoblación en cárceles y combatir los demás problemas que se dan en estos lugares.

Sin embargo, y dado que los ceresos en México realmente no han sido capaces de readaptar a la sociedad a los delincuentes; sino más bien a estos lugares se les ha identificado como escuelas del crimen donde pueden perfeccionar sus prácticas delictivas y amplíar sus relaciones criminales.

Ante esto, resulta terrible que en los próximos meses y años quizá el setenta, u ochenta por ciento de los presos regresen a las calles en estas condiciones.

Cuando, si ya de por sí era terrible para las víctimas de algún delincuente y sus familiares que en poquísimo tiempo en la mayoría de ocasiones éste quedara libre; hoy la sociedad no sólo no está preparada para recibir a tantos criminales; sino que la policía tampoco lo está. Y entonces ya no sabemos a dónde vamos a parar con estos gobiernos ineptos, oportunistas y deshumanizados.

Tal vez hubiera sido más fácil si el caso era no castigar a los ex gobernadores que están en proceso, buscar como de costumbre cuando es acusado algún gobernante, o político alguna argucia legaloide, y no haber llegado al extremo que están llegando.

Obvio esto no se debe hacer; sería tanto como avalar la impunidad lo cual es reprobable; pero hubiéramos seguido como ya estábamos, y no como ahora esperando que México se inunde de criminales miles de veces más de lo que está.

Esto como el daño a la economía mexicana, la inseguridad creciente e inestabilidad generalizada en el presente sexenio en México, sólo es una pequeña parte del resultado adverso de las reformas estructurales aplicadas a la manera del partido que gobierna.

Y lo cual hace pensar lo que dos procuradores italianos que recientemente visitaron la entidad para hablar de mafia y corrupción indicaron como una posible medida para tratar de solucionar problemas como corrupción, delincuencia organizada, violencia y narcotráfico que existen en México: elegir a una clase política diferente a la que ostenta el poder que implemente mecanismos urgentes contra esta problemática; o de plano, si no hay una clase política confiable; se realice una rebelión social.


El pleito que hace unos días protagonizaron el bisoño legislador priista Mariano González Aguirre con la diputada panista Guadalupe Sánchez Santiago puso al descubierto la pantomima montada por un grupo de legisladores para “exigir” al gobierno del estado 25 millones de pesos etiquetados para el Congreso del estado.

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