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Miércoles, 26 de Abril de 2017     |     Tlaxcala.
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Opinión



Menos dinero público a partidos políticos, exigencia ciudadana

Domingo, Marzo 12, 2017 - 20:25
 
 
   

El dinero público de los partidos políticos es caro porque se paga por una representación endeble, porque la mayoría de partidos políticos están conformados por familias, grupos, sindicatos, tribus o liderazgos que solo buscan sus beneficios personales.

En la mayoría, son sus personalísimos intereses los que  defienden y buscan solidificar, ello a pesar de que viven de los recursos que ustedes y nosotros pagamos vía impuestos y que a ellos se los entregan a través de financiamiento público o prerrogativas.

Nuestras reglas de financiamiento para partidos reproducen un modelo de sociedad notoriamente inequitativo: un régimen de privilegios donde los beneficios se privatizan y los costos se socializan.

Por eso, es necesario reducir el  financiamiento público que tienen los partidos políticos un 50 por ciento, modificando la fórmula que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el sostenimiento de los mismos, disminuyendo de 65 a 35 por ciento la proporción de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) multiplicada por los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Además, es factible eliminar el financiamiento que las autoridades estatales otorgan a las fuerzas políticas, en el entendido de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya destina recursos para este concepto. Es decir, los partidos políticos nacionales reciben doble partida, por un lado el financiamiento nacional y otra el estatal, lo cual hace que la bolsa de recursos públicos destinados a los institutos políticos se duplique.

Este año, en Tlaxcala, el Estado destinó 41 millones de pesos para los partidos, cuando ese dinero o una gran parte de éste podría hacer servido para dotar de un pie de casa a por lo menos 350 familias o dotar de una beca escolar, de esas prometidas en campaña para establecer el programa “más ambicioso de la historia”, para favorecer a unos 3 mil 500 alumnos con un apoyo mensual de al menos mil pesos a cada uno.

Según datos dados a conocer por el INE, desde 1997 hasta 2015, los partidos políticos nacionales recibieron un total de 58 mil 262 millones 493 mil 461 pesos por concepto de financiamiento público. Solo federal, que si lo multiplicamos por aquellos recursos que reciben en los estados, la cifra se duplica.

El costo en verdad es alto, porque además de lo monetario, la percepción ciudadana es de rechazo, porque no está identificada con éstos, porque, insisto, la mayoría solo ve sus intereses o los del grupo al que pertenecen y no a la sociedad, a la que solo ven y media escuchan en campañas electorales.

Percibimos que el dinero que todos los mexicanos damos a los partidos políticos no corresponde con el valor que recibimos a cambio. El mayor costo de nuestro sistema de partidos es el desengaño ético y político, y el modelo de financiamiento que actualmente rige a los partidos políticos genera incentivos para reproducir ese desencanto.

Son alrededor de 12 millones de ciudadanos los que están afiliados a alguna de las 10 partidos políticos con registro nacional, de acuerdo con el INE. Son ellos, juntos con las dirigencias partidistas los que deben mantener  mayormente esos institutos que si bien han sido concebidos como de interés público, en la práctica está demostrado que en muy pocos casos eso en verdad ocurre.

Por ello, el planteamiento propio y desde luego de Acción Nacional es en respuesta al hartazgo de la ciudadana, que pide de los partidos políticos  austeridad, representatividad, trabajo y eficiencia en su labor ciudadana.

Es momento de que los partidos regresen a la práctica de generar sus propios recursos de manera legal y sobre todo, la confianza con la sociedad que no se siente representada por la mayoría de éstos ni de sus propuestas.

 


Sea de una forma u otra, en Tlaxcala siempre existe una cadena de complicidades que impide la impartición de justicia. En la actualidad hay una fuerza que en estos momentos ayuda a los ex presidentes municipales a salir avantes en los procesos penales que enfrentan por estar ligados a posibles actos de corrupción cometidos en sus administraciones.

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